Diego Salazar
Keiko Fujimori, hija de un dictador condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad, que continúa reivindicando el legado de su padre. Y también acusada de lavado de activos.
Hace unas semanas, cuando la primera vuelta de las elecciones peruanas era todavía una incógnita y el candidato vencedor no asomaba aún la cabeza entre los favoritos, un conocido consultor de marketing intentaba convencernos de que votar era un ejercicio similar a comprar un teléfono o una refrigeradora.
El consultor nos amonestaba: “El peruano le pone más esfuerzo y tiempo a elegir un celular que a un presidente” o “la gente no se preocupa de la política y repite sus errores”.
En estos casos, “el peruano” o “la gente” son siempre aquellos distintos a quienes se sienten identificados con ese dedo acusador porque, obviamente, los que asienten ante el efectismo de la ocurrencia no son así de irresponsables. Ellos sí comparan y analizan, como quien compra una refrigeradora o un celular, antes de elegir a su candidato. No como “el peruano”. No como “la gente”.
Esa forma de ver las cosas, un desprecio similar por la toma de decisiones del otro, parece haber inspirado la columna del escritor Mario Vargas Llosa en el diario El País donde pide el voto para Keiko Fujimori.
Ya con la incógnita resuelta, seis días después de la primera vuelta que ubicó a Pedro Castillo en primer lugar y a la candidata fujimorista en el segundo, el premio Nobel escribía: “Se comprende que, hartos de las pillerías de los gobiernos que eligieron, los peruanos hayan votado como lo hicieron (…) Pero el derecho a votar no basta, si los peruanos se equivocan y votan mal”. Ellos. Los peruanos que se equivocan y votan mal. Sin mencionar, claro, que son gobiernos que él apoyó decididamente en cada ocasión.
Poco después de que la columna de Vargas Llosa se hiciera pública, fue secundada por su hijo, el también escritor Álvaro Vargas Llosa, quien en un tuit revelaba: “Hago público que la candidata se ha comunicado con él. Tras agradecerle el respaldo, le ha expresado su total acuerdo con las garantías democráticas que le pide en su artículo”.
Se refiere a las garantías que Mario Vargas Llosa lista en su artículo luego de indicar que “los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor”:
– Respetar la libertad de expresión.
-No indultar a Vladimiro Montesinos.
-No expulsar ni cambiar a los jueces y fiscales del poder judicial.
-Convocar elecciones al término de su mandato, dentro de cinco años.
Con eso, nos dicen, queda zanjado el asunto.
Sin entrar a lo bajo que colocan la vara -¿cuándo ha estado sobre la mesa un indulto a Montesinos, secuaz del padre de la candidata Fujimori?-, ¿podemos los peruanos confiar en quien horas antes de la conversación con el escritor seguía mintiendo? ¿En quien ese mismo día, poco antes de la llamada telefónica, decía: “La corrupción atacó al gobierno de mi padre”?
¿Hicieron estas declaraciones tambalear el apoyo de Álvaro Vargas Llosa o de su padre? ¿Endurecer los términos de su adhesión? Más bien lo contrario.
Es perfectamente defendible, ante la dificultad de la elección que los peruanos tenemos por delante, que haya quien se incline hacia una u otro candidato con mayor o menor entusiasmo, con mayor o menor repulsión. La cosa no es fácil. Y haríamos mal en regatearle complejidad.
Por un lado, Keiko Fujimori, la hija de un dictador condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad, que continúa reivindicando el legado de su padre. La lideresa de un partido -acusada, entre otros delitos, de lavado de activos- que al perder las elecciones de 2016 declaró la guerra a su rival desde la oposición y no paró hasta que los congresistas a su mando intentaron vacar al presidente que le había ganado y que, poco después, terminó renunciando. Con ello, además, contribuyó a profundizar la grave crisis política que el país atraviesa desde 2018 y que ha supuesto que los peruanos hayamos tenido cuatro presidentes en cinco años.
Por otro, Pedro Castillo, cuyo partido es liderado por un condenado por corrupción, quien afirma sin vergüenza que la Venezuela de Maduro es una democracia y defiende aplicar en el Perú un modelo similar de “toma del poder” para “quedarse en el poder”. Un candidato, también, cuyos congresistas electos hablan de “disolver el Congreso” recién elegido si este no se pliega a su propuesta de nueva Constitución. Una especie -si recordamos el golpe de abril de 1992- de fujimorismo sin Fujimori, con propuestas de izquierda estatista.
Con las dos opciones que tenemos en la boleta y ante las múltiples decepciones políticas que hemos sufrido en 20 años de vuelta a la democracia tras la dictadura fujimorista, cualquier argumentación que llame a votar por alguno de los candidatos debería tomar en cuenta no solo los méritos o deméritos de sus propuestas; no solo los peligros de su entorno; no solo cuánto se desvía -o no- del llamado “modelo económico” actual; sino, también, cuánto podemos confiar en lo que cada uno ofrece.
Se puede defender que, esta vez, la amenaza que supone Fujimori sea considerada menor que la de Castillo y sus aliados. Lo que no podemos hacer es hablar de “asomarse al abismo” sin describir con precisión los dos abismos posibles y explicar por qué estamos dispuestos a saltar a uno y no a otro. Reconocer el peligro de una candidata no significa minimizar los que presenta el otro.
Restarle complejidad a esta decisión no ayuda a nadie. No ayudará a todos los que tendrán que vivir con sus consecuencias, sean las que sean, en uno u otro escenario. Pero tampoco ayudará a quienes se ofrecen una vez más a guiar de forma condescendiente el voto de los peruanos cuando, quizá, como ya ha ocurrido en el pasado, tengan que retractarse en el futuro.
* Periodista y escritor peruano. Extracto de The Washington Post