Por David Frías
De aplicarse una reforma constitucional se pudiera hacer una ligera modificación al artículo 37 sobre el derecho a la vida, el cual consistiría en que se mantenga tal cual pero agregando una línea extra la cual concluya en este ejemplo hipotético:
-Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte, salvo en casos en que una persona u organización criminal se constituya en una amenaza para la ciudadanía atentando contra la vida, salud e integridad de una o varias personas.
De consolidarse una modificación de esa índole se estaría haciendo honor al artículo 38 sobre la dignidad humana al sancionar drásticamente a aquellas personas que cometen actos dolosos en perjuicio de los habitantes de la nación, logrando que legalmente violadores de menores, atracadores (apuntar con un arma para robar puede catalogarse como intento de homicidio), asesinos por placer, sicarios y terroristas (incluye a desalmados que arrojen ácido del diablo) sean ejecutados sin rodeos y con ello también se reduzca el hacinamiento penitenciario.
Si por algo el pueblo filipino ama a Rodrigo Duterte es porque ha limpiado sus calles de toda escoria ambulante y nosotros podemos institucionalizar esa medida sin vernos en la obligación de que en un futuro (a corto o largo plazo) se tenga que recurrir a las ejecuciones extrajudiciales, que de por sí sería un arma de doble filo porque pudieran pagar inocentes por antisociales.
¿Apoyaría la misma sanción para feminicidas?, Sí por supuesto, siempre y cuando también les frían las panochas en la silla eléctrica a esas mujeres que por celos o intereses materiales mandan a matar al marido o asesinan a hombres tranquilos, niños indefensos y envejecientes. En un estado de derecho e institucionalidad la justicia debe aplicarse amparada en la igualdad de género.