En un hecho nunca visto en la historia judicial y política dominicanas, la voluntad de un presidente había producido una verdadera revolución moral de guerra abierta contra la corrupción y la estafa a los fondos públicos de la nación dominicana y su sufrido pueblo.
La historia del país registra sólo dos casos similares en el ejemplo moral como expresión de una conducta moralizante de un presidente y en una lucha franca y firme contra el latrocinio y el robo de los fondos públicos: el profesor Juan Bosch y el actual presidente Luis Abinader.
Inferimos que el presidente y su equipo de gobierno, en sus íntimas reflexiones, las cuales se alcanzan sólo en los casos y momentos estelares en que el alma humana deja su normal lugar de la rutina diaria y se eleva a las alturas, pensaron que las acciones de la justicia independiente son buenas y necesarias, pero no suficientes para enfrentar, definitivamente, esta gran y difícil guerra contra los mil tentáculos de la corrupción pública y privada.
Por los anteriores elementos expuestos en el párrafo precedente, es que consideramos que las medidas de reformas, decretos y otros mecanismos legales anunciados por el primer mandatario, deben ser considerados como medidas históricas, pertinentes y extraordinarias, que, con su efectiva aplicación, blindarán los recursos financieros y materiales del Estado para que los enfermos del síndrome de riqueza mal habida les pongan freno -y fin- a sus desmedidas y peligrosas ambiciones y locuras de robarse los bienes de la nación.
Las medidas moralizantes del gobierno de Luis Abinader, para producir un cambio cívico y ético en la vida de la nación, son de una dimensión y profundidad tales, que han concitado un amplio respaldo popular de las fuerzas vivas del país; sin embargo, dichas acciones, transformadoras y necesarias, encontrarán una gran resistencia de los grupos corporativos legales, pero inmorales, que han vivido de asaltar al Estado. Si a esto le sumamos la cultura política corrupta de siglos de la sociedad dominicana, podemos concluir que el gobierno moral naciente, y en marcha, está frente a una verdadera guerra.
Dado el hecho de que estamos ante un proceso de revolución política, social y moral, pero en el marco de la democracia, el presidente y el gobierno necesitan de la movilización de las organizaciones políticas aliadas y del movimiento social del país. Para lograr los objetivos de esta revolución iniciada por el mandatario es necesaria una direccionalidad política articulada de manera plural desde la sociedad. Todo esto, además, debe estar acompañado de una estrategia comunicacional cívicamente educativa, no únicamente desde el Estado, sino también desde el poder popular. Estamos frente a un gran desafío!
